De la gestión al liderazgo de valor: el nuevo rol del Director de Proyectos Senior - From Management to Value-Driven Leadership: The New Role of the Senior Project Manager.
| La dirección de proyectos en Ecuador está entrando en una etapa en la que la experiencia ya no puede limitarse a coordinar cronogramas, controlar entregables o resolver problemas operativos. Durante muchos años, el Director de Proyectos Senior fue considerado el profesional capaz de “sacar adelante” iniciativas complejas gracias a su conocimiento técnico, su capacidad de seguimiento y su experiencia acumulada. Ese rol sigue siendo importante, pero ya no es suficiente. El contexto actual exige una evolución más profunda: pasar de la gestión del proyecto al liderazgo de valor. El Análisis de la Gestión de Proyectos en Ecuador – Volumen 2, evidencia que el 73% de los profesionales no posee certificación internacional, que el 50% de las organizaciones aún no cuenta con PMO, que solo el 42% de los directores afirma tener alta autoridad sobre los recursos y que los recursos limitados son la principal causa de fracaso de proyectos, con 47,6%. Además, aunque el 71% de los proyectos cumple sus objetivos siempre o casi siempre, solo alrededor del 54% logra mantenerse dentro del presupuesto y los problemas de alcance siguen siendo frecuentes. En este escenario, el Director de Proyectos Senior debe asumir un nuevo mandato profesional. Ya no basta con ejecutar bien. Debe ayudar a la organización a tomar mejores decisiones. Su valor no se mide únicamente por cumplir fechas, sino por su capacidad para conectar la estrategia con el portafolio, proteger recursos críticos, anticipar riesgos, controlar cambios, medir beneficios, incorporar la sostenibilidad y fortalecer la toma de decisiones. El PM sénior deja de ser solo el responsable de un proyecto y se convierte en un arquitecto de valor organizacional. Por eso, el Director de Proyectos Senior debe evolucionar hacia una lógica de VMO, es decir, una oficina o un enfoque orientado a la gestión del valor. La PMO tradicional se concentra en metodologías, cronogramas, riesgos, costos, calidad, seguimiento y reportes. La VMO agrega una pregunta superior: ¿qué valor debe aportar este proyecto y cómo sabremos si realmente lo generó? Esta mirada cambia la conversación. Un proyecto no es exitoso únicamente porque entregó un producto; es exitoso cuando produce resultados, beneficios y valor sostenible para la organización, el cliente o la ciudadanía. En obras públicas, esta evolución es crítica. Una carretera, un hospital, una escuela, una plataforma tecnológica estatal o un programa de modernización no deberían evaluarse únicamente por su inauguración o su entrega física. Deben evaluarse por el valor público que generan: reducción de tiempos, mejora del servicio, eficiencia operativa, cobertura, seguridad, transparencia, sostenibilidad e impacto social. El Director de Proyectos Senior que participa en estos entornos debe dominar no solo el cronograma y el presupuesto, sino también la gobernanza, las adquisiciones, el control de cambios, la trazabilidad de beneficios y la gestión de interesados. Allí el PM senior tiene una responsabilidad clave: actuar antes de que el proyecto se convierta en una crisis. Su tarea no es solo corregir desviaciones, sino prevenirlas mediante mejores preguntas, mejores estructuras y mejores decisiones. El primer componente del nuevo modelo de competencias senior es la visión estratégica. El Director de Proyectos Senior debe comprender el negocio, el sector y el entorno regulatorio, así como la contribución del proyecto a los objetivos institucionales. No puede limitarse a preguntar “qué entregamos” o “cuándo terminamos”. Debe preguntar: “¿para qué existe este proyecto?”, “¿qué beneficio protege?”, “¿qué decisión habilita?”, “¿qué riesgo reduce?” y “¿qué valor quedará después del cierre?”. Esta competencia permite que el PM senior deje de administrar tareas y empiece a custodiar el propósito. El segundo componente es la gestión de portafolio. En un entorno donde los recursos limitados son la principal causa de fracaso, no todos los proyectos pueden ejecutarse al mismo tiempo ni con la misma prioridad. El PM senior debe ayudar a la alta dirección a ordenar la cartera y clasificar las iniciativas por valor, complejidad, urgencia, riesgo y capacidad disponible. La pregunta incómoda que debe plantearse en la organización es: ¿qué proyecto vamos a pausar, reducir o cancelar para ejecutar bien el proyecto que decimos que es prioritario? Esta conversación no siempre resulta cómoda, pero es una señal de madurez. El tercer componente es la gobernanza. La gobernanza no es burocracia; es el sistema mediante el cual se toman decisiones oportunas, transparentes y responsables. El Director de Proyectos Senior debe diseñar comités de decisión, criterios de escalamiento, reglas de control de cambios, tableros ejecutivos y mecanismos de rendición de cuentas. En las empresas privadas, esto fortalece la ejecución estratégica. En el sector público, puede mejorar la transparencia, la eficiencia del gasto y la confianza institucional. La gobernanza bien diseñada no ralentiza los proyectos; evita que avancen sin control. El cuarto componente es la gestión de beneficios. Muchos proyectos todavía se evalúan por entregables, no por resultados. El PM senior debe impulsar fichas de valor en las que se definan los beneficios esperados, los responsables de los beneficios, los indicadores, la línea base, la fecha de medición y el mecanismo de seguimiento posterior al cierre. Si un proyecto implementa un sistema, debe medir si este mejoró la productividad. Si construye una obra, debe medir si el servicio ha mejorado. Si se transforma un proceso, debe medir si redujo los tiempos, los errores o los costos. Sin beneficios medidos, el proyecto queda incompleto. El quinto componente es la sostenibilidad. La sostenibilidad no debe entenderse solo como una dimensión ambiental, sino como un equilibrio entre el valor económico, el impacto social, la responsabilidad ética, la continuidad operativa y el uso eficiente de los recursos. En Ecuador y LATAM, donde muchos proyectos tienen efectos directos en comunidades, empresas, servicios y territorios, el PM senior debe incorporar criterios de sostenibilidad desde la formulación, no al final. Esto implica analizar los impactos, los interesados, los riesgos sociales, la capacidad operativa futura y la coherencia con el desarrollo sostenible. El sexto componente es la capacidad digital y analítica. El informe 2025 muestra un interés creciente por tecnologías emergentes, especialmente en machine learning, servicios en la nube, procesamiento del lenguaje natural y automatización. El PM senior no necesita convertirse en científico de datos, pero sí debe comprender cómo utilizar los datos para anticipar desviaciones, simular escenarios, analizar riesgos, gestionar recursos y generar información ejecutiva. La inteligencia artificial no reemplazará al Director de Proyectos Senior; reemplazará prácticas débiles basadas solo en la intuición, reportes tardíos y decisiones reactivas. El séptimo componente es el liderazgo sin autoridad formal. Este punto es especialmente relevante en Ecuador, donde muchos directores de proyectos no tienen control jerárquico pleno sobre los recursos, el presupuesto ni las prioridades. El PM senior debe liderar por influencia: persuadir con evidencia, negociar recursos, construir alianzas con gerentes funcionales, resolver conflictos y traducir problemas técnicos en decisiones ejecutivas. Decir “no tengo recursos” rara vez cambia una decisión. Decir “con la capacidad actual, el proyecto tiene alta probabilidad de retrasarse, de aumentar costos o reducir beneficios” eleva la conversación. El octavo componente es la mentoría. La entrada de talento joven al ecosistema ecuatoriano es una oportunidad importante, pero también un riesgo si no existe acompañamiento. En 2025, el 46% de los profesionales reportan menos de 5 años de experiencia. Esto confirma que una nueva generación está ingresando al mercado de proyectos. El Director de Proyectos Senior debe asumir un rol activo como formador: transferir criterio, revisar decisiones críticas, enseñar negociación, fortalecer la ética profesional y ayudar a que los jóvenes no aprendan únicamente por ensayo y error. Para las empresas, la recomendación es clara: no deben usar a sus PM sénior solo como apagafuegos. Deben ubicarlos donde generan mayor valor: diseño de portafolio, PMO, programas estratégicos, obras críticas, transformación digital, gobernanza de beneficios y mentoría de nuevos líderes. Un profesional senior que solo se dedica a tareas está subutilizado. Un profesional senior que ayuda a decidir qué proyectos ejecutar, cómo financiarlos, cómo medirlos y cómo sostener sus beneficios representa una ventaja competitiva. Para las instituciones públicas, el mensaje es aún más relevante. Las obras y programas requieren profesionales sénior capaces de integrar la planificación, la contratación, el control, la transparencia, la gestión social, la sostenibilidad y los beneficios públicos. No se trata de crear más burocracia, sino de fortalecer la capacidad institucional. Una PMO gubernamental o una VMO pública necesita líderes sénior que comprendan que una obra no termina cuando se inaugura, sino cuando se entrega el beneficio prometido. El nuevo rol del Director de Proyectos Senior no estará definido por los años de experiencia, sino por la capacidad de convertirla en un criterio estratégico. No será más valioso quien haya gestionado más proyectos, sino quien pueda demostrar que sus proyectos generaron beneficios, fortalecieron capacidades, desarrollaron personas, mejoraron la toma de decisiones y dejaron un valor sostenible. Fuente: basado en el Análisis de la Gestión de Proyectos en Ecuador – Volumen 2 y su contraste con el Volumen 1. Puedes revisar ambos informes aquí: https://www.grupogonzalez.ec/Publicaciones Sobre la Autor PhD(c) José Luis González Rugel. | MAE, MBI, MIE, PMP®, PMI-RMP®, PMI-ACP®, PMI-PMOCP®, GPM-b®, SMC®, SPOC®, TPM® | Asesor, docente, investigador en dirección de proyectos. Contacto profesional: [email protected] Red Social: https://www.linkedin.com/in/josegonzalezproyectos/ English Version Project management in Ecuador is entering a stage in which experience can no longer be limited to coordinating schedules, controlling deliverables, or solving operational problems. For many years, the Senior Project Manager was seen as the professional capable of “moving forward” complex initiatives through technical knowledge, follow-up capacity, and accumulated experience. That role remains important, but it is no longer sufficient. The current context demands a deeper evolution: moving from project management to value leadership. The Analysis of Project Management in Ecuador – Volume 2 shows that 73% of professionals do not hold an international certification, that 50% of organizations still do not have a PMO, that only 42% of managers report having high authority over resources, and that limited resources are the main cause of project failure, at 47.6%. In addition, although 71% of projects always or almost always meet their objectives, only around 54% manage to stay within budget, and scope-related problems remain frequent. In this scenario, the Senior Project Manager must assume a new professional mandate. Executing well is no longer enough. They must help the organization make better decisions. Their value is not measured only by meeting deadlines, but by their ability to connect strategy with the portfolio, protect critical resources, anticipate risks, control changes, measure benefits, incorporate sustainability, and strengthen decision-making. The senior PM is no longer only responsible for a project; they become an architect of organizational value. For this reason, the Senior Project Manager must evolve toward VMO logic—an office or approach oriented toward value management. The traditional PMO focuses on methodologies, schedules, risks, costs, quality, monitoring, and reporting. The VMO adds a higher-level question: what value should this project deliver, and how will we know whether it truly generated it? This perspective changes the conversation. A project is not successful only because it delivered a product; it is successful when it produces outcomes, benefits, and sustainable value for the organization, the client, or citizens. In public works, this evolution is critical. A road, a hospital, a school, a government technology platform, or a modernization program should not be evaluated only by its inauguration or physical delivery. Evaluate it by the public value it generates: reduced times, improved service, operational efficiency, coverage, safety, transparency, sustainability, and social impact. Senior Project Managers who work in these environments must master not only the schedule and budget, but also governance, procurement, change control, benefits traceability, and stakeholder management. This is where the senior PM has a key responsibility: to act before the project becomes a crisis. Their task is not only to correct deviations, but to prevent them through better questions, better structures, and better decisions. The first component of the new senior competency model is strategic vision. The Senior Project Manager must understand the business, the sector, and the regulatory environment, as well as the project’s contribution to institutional objectives. They cannot limit themselves to asking “what are we delivering?” or “when are we finishing?” They must ask: “why does this project exist?”, “what benefit does it protect?”, “what decision does it enable?”, “what risk does it reduce?”, and “what value will remain after closure?” This competency allows the senior PM to move beyond managing tasks and start safeguarding purpose. The second component is portfolio management. In an environment where limited resources drive most failures, not all projects can be executed at the same time or with the same priority. The senior PM must help top management organize the portfolio and classify initiatives by value, complexity, urgency, risk, and available capacity. The uncomfortable question the organization must ask is: which project are we going to pause, reduce, or cancel to properly execute the project we say is a priority? This conversation is not always comfortable, but it signals maturity. The third component is governance. Governance is not bureaucracy; it is the system through which timely, transparent, and responsible decisions are made. The Senior Project Manager must design decision committees, escalation criteria, change control rules, executive dashboards, and accountability mechanisms. In private companies, this strengthens strategic execution. In the public sector, it can improve transparency, spending efficiency, and institutional trust. Well-designed governance does not slow projects down; it prevents them from moving forward without control. The fourth component is benefits management. Many projects are still evaluated by deliverables, not by results. The senior PM must promote value sheets that define expected benefits, benefit owners, indicators, baselines, measurement dates, and post-closure follow-up mechanisms. If a project implements a system, it must measure whether it improved productivity. If it builds public infrastructure, it must measure whether the service improved. If it transforms a process, it must measure whether it reduced times, errors, or costs. Without measured benefits, the project remains incomplete. The fifth component is sustainability. Sustainability should not be understood only as an environmental dimension, but as a balance of economic value, social impact, ethical responsibility, operational continuity, and efficient resource use. In Ecuador and LATAM, where many projects directly affect communities, services, and territories, the senior PM must incorporate sustainability criteria from the formulation stage, not at the end. This means analyzing impacts, stakeholders, social risks, future operational capacity, and alignment with sustainable development. The sixth component is digital and analytical capability. The 2025 report shows growing interest in emerging technologies, especially machine learning, cloud services, natural language processing, and automation. The senior PM does not need to become a data scientist, but they must understand how to use data to anticipate deviations, simulate scenarios, analyze risks, manage resources, and generate executive information. Artificial intelligence will not replace the Senior Project Manager; it will replace weak practices based only on intuition, late reporting, and reactive decisions. The seventh component is leadership without formal authority. This point is especially relevant in Ecuador, where many project managers lack full hierarchical control over resources, budgets, or priorities. The senior PM must lead through influence: persuading with evidence, negotiating resources, building alliances with functional managers, resolving conflicts, and translating technical problems into executive decisions. Saying “I do not have resources” rarely changes a decision. Saying “with the current capacity, the project has a high probability of being delayed, increasing costs, or reducing benefits” elevates the conversation. The eighth component is mentoring. The entry of young talent into the Ecuadorian ecosystem is an important opportunity, but also a risk without guidance. In 2025, 46% of professionals reported having less than five years of experience. This confirms that a new generation is entering the project market. The Senior Project Manager must take an active role in developing talent: transferring judgment, reviewing critical decisions, teaching negotiation, strengthening professional ethics, and helping young professionals avoid learning only through trial and error. For companies, the recommendation is clear: they should not use their senior PMs only as firefighters. They should place them where they generate the greatest value: portfolio design, PMO, strategic programs, critical public works, digital transformation, benefits governance, and mentoring new leaders. A senior professional who only focuses on tasks is underutilized. A senior professional who helps decide which projects to execute, how to finance them, how to measure them, and how to sustain their benefits represents a competitive advantage. For public institutions, the message is even more relevant. Public works and programs require senior professionals who can integrate planning, procurement, control, transparency, social management, sustainability, and public benefits. It is not about creating more bureaucracy, but about strengthening institutional capacity. A government PMO or a public VMO needs senior leaders who understand that public infrastructure does not end when it is inaugurated, but when the promised benefit is delivered. The new role of the Senior Project Manager will not be defined by years of experience, but by the ability to transform that experience into strategic judgment. The most valuable professional will not be the one who has managed the most projects, but the one who can demonstrate that their projects generated benefits, strengthened capabilities, developed people, improved decision-making, and left sustainable value. Source: Based on the Analysis of Project Management in Ecuador – Volume 2 and its comparison with Volume 1. Both reports are available here: https://www.grupogonzalez.ec/Publicaciones About the Author PhD(c) José Luis González Rugel | MAE, MBI, MIE, PMP®, PMI-RMP®, PMI-ACP®, PMI-PMOCP®, GPM-b®, SMC®, SPOC®, TPM® | Advisor, lecturer, and researcher in project management. Professional Contact: [email protected] LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/josegonzalezproyectos/ |
Posted on: September 15, 2026 07:56 PM
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Los nuevos indicadores que toda empresa debe usar en sus proyectos 2025–2030 - The new indicators that every company should use in its 2025–2030 projects.
| Durante muchos años, la gestión de proyectos se evaluó principalmente con tres preguntas: ¿terminó a tiempo?, ¿costó lo presupuestado?, ¿entregó el alcance previsto? Estas preguntas siguen siendo necesarias, pero ya no son suficientes. En un entorno donde las empresas compiten por la innovación, la eficiencia, la sostenibilidad, la experiencia del cliente, el talento y la capacidad de adaptación, medir únicamente el tiempo, el costo y el alcance puede ofrecer una visión incompleta del verdadero desempeño de un proyecto. Un proyecto puede terminar “en verde” en el cronograma y aun así no generar valor. Puede cerrar dentro del presupuesto y aun así no resolver el problema de negocio. Puede entregar todos sus productos y, aun así, dejar usuarios insatisfechos, procesos débiles o beneficios no realizados. La medición del desempeño ya figura como la práctica más utilizada en el informe del 2025. Esto es positivo, porque confirma que las organizaciones ecuatorianas han empezado a reconocer la importancia de controlar y evaluar sus proyectos. Sin embargo, la pregunta crítica no es si se mide, sino qué se mide. Muchas empresas todavía concentran sus tableros en el avance físico, el porcentaje de ejecución, el cronograma, el presupuesto y el número de entregables. Estos indicadores son útiles, pero describen principalmente la ejecución. El reto 2025–2030 será avanzar hacia indicadores que midan el valor, los beneficios, la capacidad, la predictibilidad, la sostenibilidad, la experiencia del usuario, la madurez de las decisiones y el aprendizaje organizacional. El primer indicador moderno que toda empresa ecuatoriana debería incorporar es el índice de valor realizado. Este KPI responde a una pregunta esencial: ¿el proyecto está generando el beneficio para el que fue aprobado? No basta con entregar un sistema, construir una obra, implementar un proceso o lanzar un producto. La organización debe medir si ese resultado redujo costos, aumentó ingresos, mejoró los tiempos de atención, elevó la productividad, amplió la cobertura, redujo riesgos o fortaleció la satisfacción del usuario. El indicador puede calcularse comparando los beneficios logrados con los comprometidos en el caso de negocio. Si el proyecto prometió reducir tiempos de atención en un 30% y solo logró un 10%, el entregable puede existir, pero el valor no se ha realizado plenamente. El segundo KPI es el índice de predictibilidad. En Ecuador, donde los proyectos todavía presentan dificultades para cumplir plazos y presupuestos, no basta con medir si el proyecto terminó tarde o caro; hay que medir qué tan predecible fue durante su ejecución. La predictibilidad evalúa la estabilidad de las estimaciones, la frecuencia de desviaciones, el comportamiento del cronograma, la variación presupuestaria y la capacidad de anticipar problemas antes de que ocurran. Una empresa madura no es la que nunca tiene desviaciones, sino la que detecta tempranamente los cambios, toma decisiones a tiempo y evita que las sorpresas se conviertan en crisis. El tercer indicador es la capacidad real de los recursos. Este KPI es indispensable porque el informe de 2025 identifica los recursos limitados como la principal causa de fracaso. Muchas organizaciones aprueban proyectos sin verificar si realmente cuentan con personal, dedicación, presupuesto, especialistas, proveedores y capacidades disponibles. El indicador debería medir la relación entre la capacidad requerida y la disponible por rol crítico. Si un proyecto requiere 100 horas mensuales de un especialista técnico y la organización solo dispone de 40, el problema no es de esfuerzo individual, sino de diseño organizacional. Medir la capacidad evita comprometer fechas irreales y permite priorizar con mayor responsabilidad. El cuarto KPI es el índice de salud del alcance. La corrupción del alcance sigue siendo una de las señales más peligrosas de una baja madurez. Por ello, las empresas deberían medir cuántos cambios se solicitan, cuántos se aprueban, cuántos se rechazan, cuántos afectan los beneficios, cuántos modifican el tiempo o el presupuesto y cuántos se originan por requisitos mal definidos. Este indicador permite diferenciar entre cambios necesarios y aquellos que revelan debilidad de la gobernanza. El problema no es cambiar; el problema es cambiar sin análisis, sin trazabilidad y sin decisión ejecutiva. El quinto indicador es la experiencia del usuario o del beneficiario. Este KPI será cada vez más relevante porque los proyectos ya no pueden evaluarse únicamente desde el equipo que los ejecuta. Deben ser evaluados por quienes usan, reciben o se benefician del resultado. En proyectos tecnológicos, puede medirse mediante la adopción, la satisfacción, la facilidad de uso, la reducción de errores o la frecuencia de uso. En obras públicas, puede medirse por la calidad percibida, la accesibilidad, la reducción de tiempos, la cobertura o la mejora del servicio. En procesos internos, puede medirse mediante la satisfacción de los usuarios clave y la reducción de la fricción operativa. Un proyecto exitoso no es solo el que entrega; es el que logra que el resultado sea usado, aceptado y valorado. El sexto KPI es el índice de sostenibilidad del proyecto. La sostenibilidad ya no debe abordarse como un discurso complementario. Debe formar parte de la toma de decisiones. Este indicador puede medir impactos ambientales, sociales y económicos: consumo de recursos, huella ambiental, inclusión de los interesados, impacto comunitario, seguridad, ética, gobernanza, continuidad operativa y contribución al desarrollo. Para Ecuador y LATAM, donde los proyectos públicos, de construcción, tecnología, servicios e infraestructura tienen efectos directos sobre la sociedad, medir sostenibilidad no es opcional; es parte de una gestión responsable. El séptimo indicador es el nivel de madurez de las decisiones. Muchos proyectos no fallan por falta de reportes, sino por decisiones tardías. Este KPI mide cuántas decisiones críticas fueron identificadas, escaladas y resueltas dentro del plazo requerido. También permite observar cuántos problemas permanecen abiertos por falta de sponsor, comité, autoridad o de datos. En organizaciones funcionales, donde el Project Manager no siempre tiene autoridad jerárquica sobre recursos o prioridades, este indicador es especialmente útil porque transforma la conversación: el problema deja de ser “el equipo no avanza” y pasa a ser “la organización no está decidiendo a tiempo”. El octavo KPI es el índice de gestión de riesgos anticipados. El informe 2025 ubica la gestión de riesgos entre las prácticas más frecuentes, pero el desafío radica en medir su efectividad. No basta con tener una matriz de riesgos; hay que medir cuántos riesgos se identificaron antes de convertirse en problemas, cuántos tuvieron respuesta activa, cuántos se materializaron y cuál fue el impacto evitado. La madurez no está en documentar riesgos, sino en anticipar escenarios y reducir la exposición. El noveno indicador es la adopción digital y la calidad de los datos del proyecto. La inteligencia artificial empieza a ganar relevancia en el ecosistema ecuatoriano, especialmente en machine learning, servicios en la nube, análisis predictivo y automatización. Pero no puede existir IA útil sin datos confiables. Por eso, las empresas deben medir si sus proyectos cuentan con información actualizada, completa, trazable y comparable. Un KPI de calidad de datos puede evaluar la actualización de cronogramas, la consistencia de costos, los registros de cambios, la trazabilidad de riesgos y la disponibilidad de información para los tableros ejecutivos. Este indicador será clave para que las PMO evolucionen hacia modelos más analíticos. El décimo KPI es el índice de aprendizaje organizacional. Cada proyecto debería dejar conocimiento reutilizable: lecciones aprendidas, buenas prácticas, errores recurrentes, patrones de riesgo, tiempos y costos reales, proveedores confiables, causas de desviación y recomendaciones para futuros proyectos. Si una organización no aprende de sus proyectos, está condenada a repetir los mismos errores con distintos nombres. Este KPI mide si las lecciones se documentan, se revisan, se aplican e incorporan en metodologías, plantillas, contratos y procesos de decisión. Estos indicadores pueden organizarse en un tablero ejecutivo en cinco dimensiones. La primera dimensión es la ejecución: tiempo, costo, alcance y calidad. La segunda es el valor: beneficios obtenidos, retorno, impacto y alineación estratégica. La tercera es la capacidad: recursos, carga, disponibilidad y priorización. La cuarta es la sostenibilidad y la experiencia: impacto social, ambiental y económico, y satisfacción del usuario. La quinta es la gobernanza predictiva: riesgos, cambios, decisiones, datos y aprendizaje. Esta estructura permite pasar de un tablero operativo a uno de dirección. Las PMO tienen aquí una responsabilidad central. En 2025, el 50% de las organizaciones ya cuenta con una PMO o con un departamento de gestión de proyectos. El reto 2025–2030 será que esas PMO no se limiten a pedir reportes, sino que definan estándares de medición, consoliden tableros de portafolio, analicen datos, anticipen desviaciones y asesoren a la alta dirección sobre dónde invertir, qué priorizar y qué detener. La PMO moderna debe evolucionar hacia una oficina de valor, capaz de conectar los proyectos con la estrategia, los beneficios y la sostenibilidad. No se necesitan más indicadores por moda. Necesita mejores indicadores para tomar mejores decisiones. El futuro de la dirección de proyectos no estará en medir más, sino en medir lo que realmente importa: valor, predictibilidad, capacidad, sostenibilidad, experiencia, riesgos, decisiones y aprendizaje. Entre 2025 y 2030, las empresas que adopten este enfoque estarán mejor preparadas para competir. Podrán priorizar con mayor inteligencia, ejecutar con mayor disciplina, proteger los recursos, demostrar beneficios y construir confianza. Las que sigan midiendo únicamente el avance, el costo y el cronograma tendrán una visión parcial de sus proyectos y probablemente seguirán enfrentando los mismos síntomas: retrasos, sobrecostos, corrupción del alcance y beneficios poco claros. Fuente: basado en el Análisis de la Gestión de Proyectos en Ecuador – Volumen 2 y su contraste con el Volumen 1. Puedes revisar ambos informes aquí: https://www.grupogonzalez.ec/Publicaciones Sobre la Autor PhD(c) José Luis González Rugel. | MAE, MBI, MIE, PMP®, PMI-RMP®, PMI-ACP®, PMI-PMOCP®, GPM-b®, SMC®, SPOC®, TPM® | Asesor, docente, investigador en dirección de proyectos. Contacto profesional: [email protected] Red Social: https://www.linkedin.com/in/josegonzalezproyectos/ English Version For many years, project management was evaluated mainly through three questions: Was it completed on time? Did it cost what was budgeted? Did it deliver the expected scope? These questions remain necessary, but they are no longer sufficient. In an environment where companies compete through innovation, efficiency, sustainability, customer experience, talent, and adaptability, measuring only time, cost, and scope can provide an incomplete view of a project’s true performance. A project may finish “green” on the schedule and still fail to generate value. It may close within budget and still fail to solve the business problem. It may deliver all its outputs and still leave users dissatisfied, processes weak, or benefits unrealized. Performance measurement already appears as the most widely used practice in the 2025 report. This is positive because it confirms that Ecuadorian organizations have begun to recognize the importance of controlling and evaluating their projects. However, the critical question is not whether they measure, but what they measure. Many companies still focus their dashboards on physical progress, execution percentage, schedule, budget, and the number of deliverables. These indicators are useful, but they mainly describe execution. The 2025–2030 challenge will be to move toward indicators that measure value, benefits, capacity, predictability, sustainability, user experience, decision-making maturity, and organizational learning. The first modern indicator that every Ecuadorian company should incorporate is the realized value index. This KPI answers an essential question: Is the project generating the benefit for which it was approved? It is not enough to deliver a system, build a public work, implement a process, or launch a product. The organization must measure whether that result reduced costs, increased revenue, improved service times, raised productivity, expanded coverage, reduced risks, or strengthened user satisfaction. The indicator can be calculated by comparing the benefits achieved with those committed in the business case. If the project promised to reduce service times by 30% and only achieved 10%, the deliverable may exist, but the value has not been fully realized. The second KPI is the predictability index. In Ecuador, where projects still struggle to meet deadlines and budgets, it is not enough to measure whether a project finished late or over budget; it is necessary to measure how predictable it was during execution. Predictability evaluates the stability of estimates, the frequency of deviations, schedule behavior, budget variation, and the ability to anticipate problems before they occur. A mature company is not one that never experiences deviations, but one that detects changes early, makes timely decisions, and prevents surprises from becoming crises. The third indicator is the real capacity of resources. This KPI is essential because the 2025 report identifies limited resources as the main cause of failure. Many organizations approve projects without validating whether they have the people, dedication, budget, specialists, suppliers, and capabilities in place. The indicator should measure the relationship between required capacity and available capacity by critical role. If a project requires 100 monthly hours from a technical specialist and the organization has only 40 available, the problem is not individual effort but organizational design. Measuring capacity prevents unrealistic dates from being committed and enables more responsible prioritization. The fourth KPI is the scope health index. Scope creep remains one of the most dangerous signs of low maturity. Therefore, companies should measure how many changes are requested, how many are approved, how many are rejected, how many affect benefits, how many modify time or budget, and how many originate from poorly defined requirements. This indicator enables distinguishing between necessary changes and those that reveal weak governance. The problem is not change; the problem is changing without analysis, traceability, or executive decision-making. The fifth indicator is user or beneficiary experience. This KPI will become increasingly relevant because projects can no longer be evaluated only from the perspective of the team executing them. They must be evaluated by those who use, receive, or benefit from the result. In technology projects, it can be measured through adoption, satisfaction, ease of use, error reduction, or frequency of use. In public works, it can be measured through perceived quality, accessibility, time reduction, coverage, or service improvement. In internal processes, it can be measured through key user satisfaction and reduced operational friction. A successful project is not only the one that delivers; it is the one that ensures the result is used, accepted, and valued. The sixth KPI is the project sustainability index. Sustainability should no longer be approached as a complementary discourse. It must be part of decision-making. This indicator can measure environmental, social, and economic impacts: resource consumption, environmental footprint, stakeholder inclusion, community impact, safety, ethics, governance, operational continuity, and contribution to development. In Ecuador and LATAM, where public, construction, technology, service, and infrastructure projects directly affect society, measuring sustainability is not optional; it is part of responsible management. The seventh indicator is the level of decision-making maturity. Many projects do not fail due to a lack of reports, but because of delayed decisions. This KPI measures the number of critical decisions identified, escalated, and resolved within the required timeframe. It also makes it possible to observe how many issues remain open due to a lack of a sponsor, committee, authority, or data. In functional organizations, where the Project Manager does not always have hierarchical authority over resources or priorities, this indicator is especially useful because it transforms the conversation: the problem is no longer “the team is not making progress,” but rather “the organization is not deciding on time.” The eighth KPI is the anticipated risk management index. The 2025 report ranks risk management among the most frequent practices, but measuring its effectiveness remains challenging. It is not enough to have a risk matrix; organizations must measure how many risks were identified before becoming issues, how many had an active response, how many materialized, and what impact was avoided. Maturity is not found in documenting risks, but in anticipating scenarios and reducing exposure. The ninth indicator is digital adoption and project data quality. Artificial intelligence is gaining relevance in the Ecuadorian ecosystem, particularly in machine learning, cloud services, predictive analytics, and automation. But useful AI cannot exist without reliable data. Therefore, companies must assess whether their projects contain up-to-date, complete, traceable, and comparable information. A data quality KPI can evaluate schedule updates, cost consistency, change records, risk traceability, and information availability for executive dashboards. This indicator will be key to PMOs evolving toward more analytical models. The tenth KPI is the organizational learning index. Every project should leave behind reusable knowledge: lessons learned, best practices, recurring mistakes, risk patterns, real-time costs and times, reliable suppliers, causes of deviation, and recommendations for future projects. If an organization does not learn from its projects, it is condemned to repeat the same mistakes under different names. This KPI measures whether lessons are documented, reviewed, applied, and incorporated into methodologies, templates, contracts, and decision-making processes. These indicators can be organized into an executive dashboard across five dimensions. The first dimension is execution: time, cost, scope, and quality. The second is value: benefits obtained, return, impact, and strategic alignment. The third is capacity: resources, workload, availability, and prioritization. The fourth is sustainability and experience: social, environmental, and economic impacts, as well as user satisfaction. The fifth is predictive governance: risks, changes, decisions, data, and learning. This structure enables the transition from an operational dashboard to a management dashboard. PMOs have a central responsibility here. In 2025, 50% of organizations already have a PMO or project management department. The 2025–2030 challenge will be for these PMOs not to limit themselves to requesting reports, but to define measurement standards, consolidate portfolio dashboards, analyze data, anticipate deviations, and advise senior management on where to invest, what to prioritize, and what to stop. The modern PMO must evolve into a value office that connects projects to strategy, benefits, and sustainability. More indicators are not needed simply because they are fashionable. Better indicators are needed to make better decisions. The future of project management will not lie in measuring more, but in measuring what truly matters: value, predictability, capacity, sustainability, experience, risks, decisions, and learning. Between 2025 and 2030, companies that adopt this approach will be better prepared to compete. They will be able to prioritize more intelligently, execute with greater discipline, protect resources, demonstrate benefits, and build trust. Those who continue to measure only progress, cost, and schedule will have a partial view of their projects and will likely continue to face the same symptoms: delays, cost overruns, scope creep, and unclear benefits. Source: Based on the Analysis of Project Management in Ecuador – Volume 2 and its comparison with Volume 1. Both reports are available here: https://www.grupogonzalez.ec/Publicaciones About the Author PhD(c) José Luis González Rugel | MAE, MBI, MIE, PMP®, PMI-RMP®, PMI-ACP®, PMI-PMOCP®, GPM-b®, SMC®, SPOC®, TPM® | Advisor, lecturer, and researcher in project management. Professional Contact: [email protected] LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/josegonzalezproyectos/ |
Posted on: August 25, 2026 11:21 AM
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Las PMO gubernamentales: el paso que se necesita para mejorar obras y programas - Government PMOs: the step needed to improve projects and programs.
| Hablar de obras públicas, programas sociales, infraestructura, tecnología estatal, movilidad, salud, educación o desarrollo territorial es, en el fondo, hablar de proyectos. Cada carretera, sistema informático, hospital, escuela, intervención urbana o programa de modernización pública depende de una capacidad que todavía no siempre se reconoce con suficiente fuerza: la capacidad de gestionar proyectos de manera profesional, transparente y orientada a valor. El debate no debería centrarse únicamente en si el país ejecuta muchos o pocos proyectos. La pregunta verdaderamente estratégica es si los ejecuta con la gobernanza adecuada, con recursos suficientes, con control de cambios, con beneficios medibles y con información confiable para tomar decisiones. Cuando un proyecto público se retrasa, no solo se afecta el cronograma; también se posterga un servicio. Cuando una obra supera su presupuesto, no solo se altera una cuenta; también se reduce la eficiencia del gasto público. Cuando el alcance cambia sin control, no solo se modifica un entregable; se distorsiona la promesa de valor que la ciudadanía esperaba recibir. El Análisis de la Gestión de Proyectos en Ecuador – Volumen 2 muestra señales claras de avance, pero también evidencia brechas que deberían llevarnos a una conversación más profunda. Ecuador vive una segunda ola de profesionalización: crece el interés por la gestión de proyectos, aumenta la presencia de los PMO, se incorpora talento joven, se habla más de inteligencia artificial y las organizaciones empiezan a comprender que los proyectos no son simples actividades operativas, sino vehículos para ejecutar la estrategia. Entre 2024 y 2025, la presencia de oficinas o departamentos de gestión de proyectos crece del 34,5% al 50%. Es una señal positiva. Pero también implica que la mitad de las organizaciones aún no cuenta con una estructura formal para coordinar, priorizar y controlar sus proyectos. En el sector público, esta brecha es especialmente crítica. El informe 2025 muestra que el sector público representa el 21,4% de la muestra y que la construcción alcanza el 19%, dos espacios directamente conectados con obras, programas e inversión pública. Sin embargo, al comparar los resultados entre los sectores público y privado, se observan diferencias relevantes. En cumplimiento de objetivos, el sector público alcanza el 68% de los proyectos que cumplen siempre o casi siempre con el objetivo para el que fueron creados, frente al 72,2% del sector privado. En términos de plazos, el sector público alcanza el 48%, mientras que el privado llega al 56,4%. En el presupuesto, el sector público representa el 44%, frente al 56,5% del sector privado. Además, la corrupción del alcance afecta con mayor intensidad al sector público: si se agrupan las respuestas de algunas veces, casi siempre y siempre, el resultado alcanza el 84%, frente al 75,2% del sector privado. Estos datos no deben interpretarse como una acusación contra el sector público. Los proyectos públicos operan en entornos más complejos: contratación pública, fiscalización, controles, cambios de autoridades, múltiples interesados, presión social, restricciones presupuestarias y rendición de cuentas. Pero precisamente por esa complejidad, se necesita más gestión profesional, no menos. Necesita PMO gubernamentales con un mandato claro, datos confiables y autoridad metodológica para mejorar la ejecución de obras y programas. Una PMO gubernamental no debe ser una oficina de reportes. Si se limita a recopilar avances, pedir matrices y consolidar presentaciones, terminará agregando burocracia sin resolver el problema de fondo. Su verdadero valor radica en convertirse en una estructura de gobernanza para priorizar, coordinar, anticipar riesgos, controlar los cambios, medir los beneficios y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. La PMO estatal debe ayudar a que las decisiones se tomen antes de que el proyecto entre en crisis. Aquí aparece una evolución necesaria: pasar de la PMO tradicional a una VMO, una oficina orientada a la gestión de valor. La PMO se enfoca en estandarizar prácticas, controlar cronogramas, costos, alcance, riesgos y reportes. La VMO agrega una pregunta más estratégica: ¿qué valor público debe aportar este proyecto y cómo sabremos si realmente lo ha logrado? Esta diferencia es fundamental. Un proyecto público no debería considerarse exitoso únicamente por haber sido adjudicado, contratado o entregado físicamente. Debe evaluarse por el beneficio que genera: reducción de tiempos, mejora de servicios, cobertura ciudadana, eficiencia operativa, impacto social, sostenibilidad, transparencia y confianza. Por eso, se necesita un modelo de PMO gubernamental gradual con enfoque VMO. En un primer nivel, cada institución pública con una cartera relevante de obras o programas debería contar con una PMO institucional responsable de la metodología, la planificación, el control de riesgos, los reportes ejecutivos, las lecciones aprendidas y el seguimiento de los cambios. En un segundo nivel, los sectores estratégicos: infraestructura, salud, educación, tecnología pública, transporte, energía y desarrollo urbano deberían contar con PMO sectoriales capaces de coordinar proyectos similares, comparar desempeño y estandarizar prácticas. En un tercer nivel, el país debería avanzar hacia una PMO o VMO nacional de programas estratégicos, conectada con un Observatorio Nacional de Proyectos, para monitorear iniciativas críticas, medir beneficios y producir información pública útil para mejorar la toma de decisiones. Este modelo no busca reemplazar las responsabilidades de cada institución. Busca ordenar la forma en que se priorizan, ejecutan y evalúan los proyectos. La PMO gubernamental no debe quitar autoridad técnica a los ministerios, municipios o empresas públicas; debe proporcionar un marco común para que todos gestionen con mejores datos, criterios y mayor disciplina. Debe ser un facilitador de decisiones, no un filtro burocrático adicional. Los beneficios directos para obras públicas serían concretos: Primero, mejor planificación inicial. Muchas fallas surgen antes de iniciar la ejecución: requisitos incompletos, diseños no validados, presupuestos débiles, cronogramas irreales, riesgos no asignados y contratos ambiguos. Segundo, mejor gestión de licitaciones. El informe 2025 muestra que el 79% de los encuestados considera necesario contar con una persona especializada para gestionar licitaciones públicas y privadas. Este dato confirma que las adquisiciones no son un trámite secundario; son una capacidad estratégica para proteger el proyecto desde su origen. Tercero, control integrado de cambios. Si una obra cambia, debe evaluarse el impacto en el alcance, el tiempo, el costo, los riesgos, la calidad y los beneficios. Cuarto, monitoreo de beneficios. No basta con entregar la obra; hay que verificar si resolvió el problema que justificó su inversión. La conexión entre la PMO, la VMO y la gobernanza representa un cambio de mentalidad. La PMO ayuda a ejecutar mejor. La VMO ayuda a asegurar que lo ejecutado genere valor. La gobernanza permite que las decisiones sean oportunas, transparentes y responsables. Cuando estas tres capacidades trabajan juntas, las obras y los programas dejan de depender únicamente del esfuerzo individual y empiezan a sustentarse en un sistema institucional. Las PMO gubernamentales no son una moda metodológica. Son una necesidad de la gestión pública moderna. Pueden ayudar a que las obras se planifiquen mejor, los programas se prioricen con criterios claros, los recursos se utilicen con mayor eficiencia, los cambios se controlen con evidencia y los beneficios se midan con responsabilidad. El paso que Ecuador necesita no es crear más burocracia. Es crear capacidad institucional para convertir proyectos en valor público. Porque una obra pública no termina cuando se inaugura. Termina cuando se genere el beneficio que prometió entregar. Fuente: basado en el Análisis de la Gestión de Proyectos en Ecuador – Volumen 2 y su contraste con el Volumen 1. Puedes revisar ambos informes aquí: https://www.grupogonzalez.ec/Publicaciones Sobre la Autor PhD(c) José Luis González Rugel. | MAE, MBI, MIE, PMP®, PMI-RMP®, PMI-ACP®, PMI-PMOCP®, GPM-b®, SMC®, SPOC®, TPM® | Asesor, docente, investigador en dirección de proyectos. Contacto profesional: [email protected] Red Social: https://www.linkedin.com/in/josegonzalezproyectos/ English Version Talking about public works, social programs, infrastructure, government technology, mobility, health, education, or territorial development is, at its core, talking about projects. Every road, information system, hospital, school, urban intervention, or public modernization program depends on a capability that is still not always recognized strongly enough: the ability to manage projects in a professional, transparent, and value-oriented way. The debate should not focus solely on whether the country executes many or few projects. The truly strategic question is whether it executes them with proper governance, sufficient resources, change control, measurable benefits, and reliable information for decision-making. When a public project is delayed, it is not only the schedule that is affected; a service is postponed. When a public work exceeds its budget, it is not only an account that changes; the efficiency of public spending is also reduced. When scope changes without control, it is not only a deliverable that is modified; the value promise that citizens expected to receive is distorted. The *Analysis of Project Management in Ecuador – Volume 2* shows clear signs of progress, but it also reveals gaps that should lead us to a deeper conversation. Ecuador is experiencing a second wave of professionalization: interest in project management is growing, the presence of PMOs is increasing, young talent is entering the field, artificial intelligence is being discussed more frequently, and organizations are beginning to understand that projects are not simply operational activities, but vehicles for executing strategy. Between 2024 and 2025, the presence of project management offices or departments grew from 34.5% to 50%. This is a positive signal. But it also means that half of the organizations still do not have a formal structure to coordinate, prioritize, and control their projects. In the public sector, this gap is especially critical. The 2025 report shows that the public sector represents 21.4% of the sample and that construction reaches 19%, two areas directly connected to public works, programs, and public investment. However, when comparing results between the public and private sectors, relevant differences emerge. In terms of objective achievement, the public sector reaches 68% of projects that always or almost always meet the objective for which they were created, compared to 72.2% in the private sector. In terms of schedule performance, the public sector reaches 48%, while the private sector reaches 56.4%. In budget performance, the public sector represents 44%, compared to 56.5% in the private sector. In addition, scope creep affects the public sector more intensely: if the responses “sometimes,” “almost always,” and “always” are grouped together, the result reaches 84%, compared to 75.2% in the private sector. These data should not be interpreted as an accusation against the public sector. Public projects operate in more complex environments: public procurement, oversight, controls, changes in authorities, multiple stakeholders, social pressure, budgetary constraints, and accountability. But precisely because of that complexity, more professional management is needed, not less. Government PMOs with a clear mandate, reliable data, and methodological authority are needed to improve the execution of public works and programs. A government PMO should not be a reporting office. If it is limited to collecting progress updates, requesting matrices, and consolidating presentations, it will end up adding bureaucracy without solving the underlying problem. Its true value lies in becoming a governance structure to prioritize, coordinate, anticipate risks, control changes, measure benefits, and ensure the efficient use of public resources. The state PMO must help decisions be made before the project enters into crisis. This is where a necessary evolution appears: moving from the traditional PMO to a VMO, an office oriented toward value management. The PMO focuses on standardizing practices, controlling schedules, costs, scope, risks, and reports. The VMO adds a more strategic question: what public value should this project deliver, and how will we know whether it has truly achieved it? This difference is fundamental. A public project should not be considered successful only because it was awarded, contracted, or physically delivered. It should be evaluated based on the benefit it generates: time reduction, service improvement, citizen coverage, operational efficiency, social impact, sustainability, transparency, and trust. For this reason, a gradual model of government PMO with a VMO approach is needed. At the first level, every public institution with a relevant portfolio of public works or programs should have an institutional PMO responsible for methodology, planning, risk control, executive reporting, lessons learned, and change tracking. At the second level, strategic sectors—infrastructure, health, education, public technology, transportation, energy, and urban development—should have sectoral PMOs capable of coordinating similar projects, comparing performance, and standardizing practices. At the third level, the country should move toward a national PMO or VMO for strategic programs, connected to a National Project Observatory, to monitor critical initiatives, measure benefits, and produce useful public information to improve decision-making. This model does not seek to replace the responsibilities of each institution. It seeks to organize the way projects are prioritized, executed, and evaluated. The government PMO should not take technical authority away from ministries, municipalities, or public companies; it should provide a common framework so that everyone can manage with better data, criteria, and discipline. It should be a facilitator of decisions, not an additional bureaucratic filter. The direct benefits for public works would be concrete. First, better initial planning. Many failures arise before execution begins: incomplete requirements, unvalidated designs, weak budgets, unrealistic schedules, unassigned risks, and ambiguous contracts. Second, better tender management. The 2025 report shows that 79% of respondents consider it necessary to have a specialized person to manage public and private tenders. This data confirms that procurement is not a secondary procedure; it is a strategic capability to protect the project from its origin. Third, integrated change control. If a public work changes, the impact on scope, time, cost, risks, quality, and benefits must be evaluated. Fourth, benefits monitoring. It is not enough to deliver the work; it is necessary to verify whether it solved the problem that justified the investment. The connection between PMO, VMO, and governance represents a change in mindset. The PMO helps execute better. The VMO helps ensure that what is executed generates value. Governance allows decisions to be timely, transparent, and responsible. When these three capabilities work together, public works and programs stop depending solely on individual effort and begin to be supported by an institutional system. Government PMOs are not a methodological trend. They are a necessity of modern public management. They can help public works be better planned, programs be prioritized with clear criteria, resources be used more efficiently, changes be controlled with evidence, and benefits be measured responsibly. The step Ecuador needs is not to create more bureaucracy. It is to create institutional capacity to turn projects into public value. Because a public work does not end when it is inaugurated. It ends when it generates the benefit it promised to deliver. Source: Based on the Analysis of Project Management in Ecuador – Volume 2 and its comparison with Volume 1. Both reports are available here: https://www.grupogonzalez.ec/Publicaciones About the Author PhD(c) José Luis González Rugel | MAE, MBI, MIE, PMP®, PMI-RMP®, PMI-ACP®, PMI-PMOCP®, GPM-b®, SMC®, SPOC®, TPM® | Advisor, lecturer, and researcher in project management. Professional Contact: [email protected] LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/josegonzalezproyectos/ |
Posted on: July 26, 2026 11:37 PM
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La realidad salarial del Director de Proyectos en Ecuador: datos duros y tendencias 2025 - The salary reality of Project Managers in Ecuador: hard data and trends 2025.
| Hablar de salarios en la dirección de proyectos suele generar conversaciones delicadas. En algunos espacios se abordan desde percepciones individuales; en otros, desde referencias internacionales que no siempre reflejan la realidad local. Sin embargo, comprender cómo se remunera a los profesionales de proyectos en Ecuador es un tema de discusión necesaria. No se trata únicamente de cuánto gana un director de proyectos. Se trata de identificar qué capacidades reconoce el mercado, qué trayectorias profesionales generan mayor valor y qué señales deberían considerar las empresas para atraer, desarrollar y retener talento especializado. El Análisis de la Gestión de Proyectos en Ecuador – Volumen 2 permite examinar esta realidad con mayor profundidad. La comparación muestra un mercado más amplio, con mayor presencia de talento joven, un crecimiento de los roles intermedios y una progresiva institucionalización de la gestión de proyectos en las organizaciones ecuatorianas. Los datos de 2025 revelan que el 34,1% de los profesionales encuestados reporta un ingreso mensual entre $1.001 y $1.500; el 24,6%, entre $1.501 y $2.000; el 19%, entre $2.001 y $2.500; el 7,1%, entre $2.501 y $3.000; otro 7,1%, entre $3.001 y $4.000; y el 7,9%, más de $4.000. En conjunto, el 58,7% percibe hasta $2.000 mensuales, mientras que el 22,1% supera los $2.500. Esta distribución evidencia una estructura salarial fragmentada: existe una base amplia de profesionales en rangos medios, pero el acceso a remuneraciones superiores sigue concentrado en perfiles con determinados atributos. El hallazgo más importante del informe no radica únicamente en los rangos salariales, sino también en las variables estadísticamente asociadas con mayores ingresos. El 66,7% de quienes ocupan posiciones de director o gerente supera los $2.001 mensuales, frente al 25,6% de los coordinadores y de otros roles. Asimismo, el 53,3% de quienes acumulan más de 16 años de experiencia supera ese umbral, mientras que el porcentaje desciende al 34,6% entre quienes tienen menos de 15 años de experiencia. La trayectoria profesional sigue teniendo valor, pero no opera de forma aislada. La certificación internacional constituye una de las diferencias más significativas. Entre quienes cuentan con alguna credencial internacional relacionada con la dirección de proyectos, el 67,6% reporta ingresos superiores a $2.001. Entre quienes no poseen certificación, el porcentaje se reduce al 31,5%. Esto no significa que una certificación garantice automáticamente un aumento salarial. La remuneración también depende del cargo, de la industria, de la experiencia y de la capacidad real para generar resultados. Sin embargo, los datos muestran que la certificación funciona como señal de diferenciación profesional y como mecanismo de acceso a mejores oportunidades. La tendencia resulta especialmente relevante porque Ecuador aún mantiene una brecha importante en este ámbito. En 2024, el 32,8% de los encuestados contaba con certificaciones internacionales. En 2025, la proporción disminuye al 27%. Es decir, mientras el mercado comienza a reconocer el valor económico de las credenciales profesionales, su adopción aún no crece al ritmo que exige la competitividad global. Esta contradicción representa una oportunidad para quienes decidan invertir estratégicamente en su desarrollo profesional. La comparación con el informe de 2024 permite identificar una evolución interesante. En el primer estudio, el salario presentaba una relación estadística con el cargo, el género, el nivel académico y la certificación internacional. En 2025, el modelo cambia: el cargo y la certificación se mantienen, la experiencia adquiere relevancia estadística y el género y el nivel de estudios dejan de mostrar una relación significativa con el rango salarial en el corte analizado. Este resultado debe interpretarse con prudencia, ya que las muestras, las categorías salariales y las composiciones profesionales de ambos años no son idénticas. No obstante, la tendencia sugiere que el mercado podría estar desplazándose progresivamente desde una valoración centrada en credenciales académicas generales hacia una valoración más vinculada a la experiencia aplicada, la responsabilidad organizacional y la certificación especializada. Esto no reduce la importancia de la formación académica. En 2025, el 61,1% de los encuestados cuenta con maestría y el 38,1% con estudios de tercer nivel. La educación superior sigue siendo una base relevante. Sin embargo, por sí sola ya no parece suficiente para explicar el acceso a mejores ingresos. El mercado comienza a exigir una combinación más compleja: conocimiento técnico, experiencia demostrable, liderazgo, visión de negocio, competencias digitales y capacidad para gestionar la incertidumbre. El análisis por sector también aporta una lectura relevante. En el sector público, el rango salarial más frecuente es de $2.001 a $2.500, reportado por el 36% de los participantes. En el sector privado, el rango más frecuente es de $1.001 a $1.500, con un 36,6%. Esto no permite concluir que todos los profesionales del sector público reciban mejores salarios, ya que la composición de los cargos, las industrias y los tamaños organizacionales puede variar. Sin embargo, sí revela diferencias sectoriales que merecen un análisis más profundo. Paradójicamente, el mismo informe muestra que el sector privado presenta mejores resultados relativos en el cumplimiento de objetivos, plazos, presupuesto y control del alcance. La remuneración, por tanto, no siempre está alineada automáticamente con el desempeño organizacional. Esta evidencia debería invitar a las empresas a revisar sus modelos de compensación. Una organización que desea fortalecer su capacidad de ejecución no puede limitarse a contratar profesionales al menor costo. Necesita diferenciar claramente los roles de coordinador, director de proyecto, director de programa, director de PMO y gerente departamental. Cada posición debe contar con responsabilidades, competencias, indicadores de desempeño y rangos salariales coherentes. La compensación debería reconocer no solo la gestión de cronogramas, sino también la capacidad de proteger los beneficios, gestionar riesgos, negociar recursos, controlar cambios y conectar los proyectos con la estrategia. Para los profesionales, la recomendación también es concreta. La mejora salarial no depende únicamente de acumular años de trabajo. Requiere construir una trayectoria deliberada. Esto implica obtener certificaciones pertinentes, asumir proyectos de mayor complejidad, documentar resultados, desarrollar habilidades de negocio, fortalecer capacidades digitales y aprender a comunicar valor en un lenguaje ejecutivo. El director de proyectos que aspire a crecer debe demostrar no solo que sabe gestionar actividades, sino también que puede transformar la información en decisiones y estas en resultados sostenibles. La realidad salarial del director de proyectos en Ecuador no puede reducirse a una cifra promedio. Es el reflejo de un ecosistema en transición. El mercado comienza a reconocer que la experiencia paga, que la certificación paga y que la responsabilidad estratégica debe remunerarse mejor. Pero todavía existe una brecha entre la importancia que las organizaciones atribuyen a los proyectos y la inversión que destinan a quienes los lideran. LATAM no solo necesita más directores de proyectos. Necesita profesionales preparados para liderar transformaciones complejas y empresas dispuestas a reconocer el valor estratégico de dicha capacidad. Fuente: basado en el Análisis de la Gestión de Proyectos en Ecuador – Volumen 2 y su contraste con el Volumen 1. Puedes revisar ambos informes aquí: https://www.grupogonzalez.ec/Publicaciones Sobre la Autor PhD(c) José Luis González Rugel. | MAE, MBI, MIE, PMP®, PMI - RMP®, PMI - ACP®, PMI-PMOCP®, GPM-b®, SMC®, SPOC®, TPM® | Asesor, docente, investigador en dirección de proyectos. Contacto profesional: [email protected] Red Social: https://www.linkedin.com/in/josegonzalezproyectos/ English Version Discussing salaries in project management often generates sensitive conversations. In some settings, the discussion is based on individual perceptions; in others, it relies on international references that do not always reflect local realities. However, understanding how project professionals are compensated in Ecuador is a necessary discussion. It is not only about how much a project manager earns. It is about identifying which capabilities the market recognizes, which career paths generate greater value, and which signals companies should consider when attracting, developing, and retaining specialized talent. The Analysis of Project Management in Ecuador – Volume 2 enables a deeper examination of this reality. The comparison shows a broader market, with a stronger presence of young talent, growth in intermediate roles, and the progressive institutionalization of project management within Ecuadorian organizations. The 2025 data reveal that 34.1% of surveyed professionals report a monthly income between $1,001 and $1,500; 24.6% earn between $1,501 and $2,000; 19% between $2,001 and $2,500; 7.1% between $2,501 and $3,000; another 7.1% between $3,001 and $4,000; and 7.9% earn more than $4,000. Overall, 58.7% earn up to $2,000 per month, while 22.1% earn more than $2,500. This distribution reflects a fragmented salary structure: there is a broad base of professionals in mid-range income brackets, while access to higher compensation remains concentrated among profiles with specific attributes. The most important finding of the report lies not only in the salary ranges but also in the variables statistically associated with higher income. Among those holding director or manager positions, 66.7% earn more than $2,001 per month, compared to 25.6% of coordinators and other roles. Likewise, 53.3% of those with more than 16 years of experience exceed that threshold, while the percentage drops to 34.6% among those with fewer than 15 years of experience. Professional experience continues to have value, but it does not operate in isolation. International certification represents one of the most significant differences. Among professionals holding an international project management credential, 67.6% report incomes above $2,001. Among those without certification, the percentage falls to 31.5%. This does not mean that a certification automatically guarantees a salary increase. Compensation also depends on the position, industry, experience, and actual ability to deliver results. However, the data show that certification serves as a signal of professional differentiation and a mechanism for accessing better opportunities. This trend is especially relevant because Ecuador still maintains a significant gap in this area. In 2024, 32.8% of respondents held international certifications. In 2025, the proportion decreased to 27%. In other words, while the market is beginning to recognize the economic value of professional credentials, their adoption is still not growing at the pace required by global competitiveness. This contradiction represents an opportunity for those who choose to invest strategically in their professional development. The comparison with the 2024 report reveals an interesting evolution. In the first study, salary was statistically related to position, gender, academic level, and international certification. In 2025, the model changes: position and certification remain relevant, experience becomes statistically significant, while gender and level of education no longer show a significant relationship with salary range in the analyzed sample. This result should be interpreted with caution, since the samples, salary categories, and professional compositions of both years are not identical. Nevertheless, the trend suggests that the market may be gradually shifting from a valuation centered on general academic credentials toward one more closely linked to applied experience, organizational responsibility, and specialized certification. This does not reduce the importance of academic education. In 2025, 61.1% of respondents hold a master’s degree, and 38.1% have undergraduate-level education. Higher education remains a relevant foundation. However, on its own, it no longer appears sufficient to explain access to better income. The market is beginning to demand a more complex combination of capabilities: technical knowledge, demonstrable experience, leadership, business acumen, digital competencies, and the ability to manage uncertainty. The sectoral analysis also provides a relevant perspective. In the public sector, the most frequent salary range is $2,001-$2,500, reported by 36% of participants. In the private sector, the most common range is $1,001-$1,500, at 36.6%. This does not allow us to conclude that all public-sector professionals receive higher salaries, since the composition of positions, industries, and organizational sizes may vary. However, it reveals sectoral differences that warrant further analysis. Paradoxically, the same report shows that the private sector achieves better relative results in meeting objectives, schedules, budgets, and scope control. Compensation, therefore, is not always automatically aligned with organizational performance. This evidence should encourage companies to review their compensation models. An organization seeking to strengthen its execution capacity cannot limit itself to hiring professionals at the lowest cost. It needs to clearly differentiate the roles of project coordinator, project manager, program manager, PMO director, and departmental manager. Each position should have coherent responsibilities, competencies, performance indicators, and salary ranges. Compensation should recognize not only schedule management, but also the ability to protect benefits, manage risks, negotiate resources, control changes, and connect projects with strategy. For professionals, the recommendation is also clear. Salary improvement does not depend solely on accumulating years of work experience. It requires building a deliberate career path. This means obtaining relevant certifications, taking on increasingly complex projects, documenting results, developing business skills, strengthening digital capabilities, and learning how to communicate value in executive language. A project manager who aspires to grow must demonstrate not only the ability to manage activities, but also the capacity to transform information into decisions and decisions into sustainable results. The salary reality for project managers in Ecuador cannot be reduced to a single average figure. It reflects an ecosystem in transition. The market is beginning to recognize that experience pays, certification pays, and strategic responsibility should be better compensated. However, there is still a gap between the importance organizations assign to projects and the investment they make in those who lead them. Latin America does not only need more project managers. It needs professionals prepared to lead complex transformations and companies willing to recognize the strategic value of that capability. Source: Based on the Analysis of Project Management in Ecuador – Volume 2 and its comparison with Volume 1. Both reports are available here: https://www.grupogonzalez.ec/Publicaciones About the Author PhD(c) José Luis González Rugel | MAE, MBI, MIE, PMP®, PMI-RMP®, PMI-ACP®, PMI-PMOCP®, GPM-b®, SMC®, SPOC®, TPM® | Advisor, lecturer, and researcher in project management. Professional Contact: [email protected] LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/josegonzalezproyectos/ |
Posted on: June 06, 2026 06:06 PM
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Los cinco hábitos de las empresas ecuatorianas que mejor ejecutan sus proyectos - The five habits of Ecuadorian companies that best execute their projects
| En Ecuador, la diferencia entre una empresa que simplemente “hace proyectos” y otra que realmente “ejecuta proyectos con madurez” no radica únicamente en la metodología que utiliza. Tampoco depende solo del tamaño del presupuesto ni del número de personas asignadas. La diferencia más importante radica en sus hábitos organizacionales: prácticas repetidas, disciplinadas y sostenidas que convierten la gestión de proyectos en una capacidad real de ejecución. El Análisis de la Gestión de Proyectos en Ecuador – Volumen 2 muestra que el país está entrando en una segunda ola de profesionalización. La muestra del estudio pasó de 58 profesionales en 2024 a 126 participantes en 2025, lo que permite observar con mayor claridad la evolución de la disciplina. Esta nueva etapa se caracteriza por un mayor interés empresarial, el crecimiento del PMO, la incorporación de talento joven, más conversación sobre inteligencia artificial y una transición metodológica en la que conviven enfoques predictivos, ágiles e híbridos. Sin embargo, los datos también muestran que la madurez aún es parcial. En 2025, el 71,4% de los proyectos cumple siempre o casi siempre con el objetivo para el cual fue creado, pero solo el 54,7% culmina siempre o casi siempre dentro del tiempo estimado y el 54% dentro del presupuesto inicial. Además, la corrupción del alcance sigue siendo una señal crítica: el 37,3% indica que ocurre algunas veces, el 28,6% casi siempre y el 11,1% siempre. Esto revela una realidad importante: muchas organizaciones logran resultados, pero aún no los ejecutan con suficiente consistencia, control y disciplina. A partir de los datos de los informes de 2024 y 2025, se identifican cinco hábitos que distinguen a las empresas ecuatorianas que mejor ejecutan sus proyectos. El primer hábito consiste en medir el desempeño de manera sistemática. En ambos informes, la medición del desempeño figura como la práctica más frecuente en la gestión de proyectos. En 2024 ocupó el primer lugar del ranking, con una puntuación de 2,4, por encima de los enfoques predictivos, la gestión de cambios, la gestión de programas y la gestión de riesgos. En 2025 vuelve a ocupar el primer lugar, con un ranking de 5,3; el 25,4% de las organizaciones la usa siempre y el 50% algunas veces. Este hallazgo es clave porque confirma que las empresas con mejores posibilidades de ejecución no son necesariamente las que más planifican, sino las que mejor observan, miden y corrigen. Medir permite detectar desviaciones tempranas, anticipar problemas presupuestarios, identificar sobrecargas de recursos y controlar el avance real. Pero medir no significa llenar reportes. Significa convertir datos en decisiones. Una empresa madura no pregunta únicamente “¿cuánto avanzamos?”, sino también “¿qué decisión debemos tomar con esta información?”. El segundo hábito consiste en gestionar los riesgos antes de que se conviertan en crisis. En 2025, la gestión de riesgos aparece como la tercera práctica más frecuente, con un ranking de 4,6; el 15,1% la utiliza siempre y el 56,3% la utiliza algunas veces. Este dato debe leerse junto con una de las conclusiones más sólidas del informe: el 47,6% identifica los recursos limitados como la principal causa de fracaso en los proyectos ecuatorianos. Esto significa que muchos proyectos no fracasan por falta de esfuerzo, sino porque nacen con restricciones estructurales: equipos incompletos, presupuesto insuficiente, capacidades limitadas o prioridades mal definidas. La empresa que mejor ejecuta no es la que no tiene riesgos; es la que los reconoce temprano y los gestiona con disciplina. Esto exige registros de riesgos vivos, responsables definidos, planes de respuesta y conversaciones ejecutivas oportunas. Si los recursos son limitados, el riesgo debe escalarse, priorizarse y negociarse desde el inicio. El tercer hábito consiste en gestionar programas y portafolios, no solo proyectos aislados. En 2025, la gestión de programas ocupa el segundo lugar en el ranking de prácticas, con 4,7, y la gestión de portafolios aparece en cuarto lugar, con 4,3. Esta tendencia revela una evolución importante: las empresas empiezan a comprender que el problema muchas veces no está en un proyecto individual, sino en la forma en que la organización prioriza el conjunto de sus iniciativas. Cuando una empresa no gestiona portafolios, todos los proyectos parecen importantes, compiten por los mismos recursos y exigen atención urgente. El resultado es saturación, retrasos y pérdida de foco estratégico. Las empresas que mejor ejecutan tienen una conversación distinta: no solo revisan el avance de cada proyecto, sino que también preguntan si ese proyecto sigue siendo prioritario, si genera valor, si cuenta con recursos reales y si debe continuar, pausarse o rediseñarse. El crecimiento de las PMO en Ecuador refuerza esta tendencia. En 2024, solo el 34,5% de las organizaciones reportaban contar con una oficina o departamento de gestión de proyectos; en 2025, la cifra sube al 50%. Esta evolución es positiva, pero el reto es que las PMO no se conviertan únicamente en oficinas de reportes. Su verdadero valor radica en conectar la estrategia, los recursos, los riesgos, los beneficios y la toma de decisiones. El cuarto hábito consiste en controlar los cambios mediante una gobernanza y roles claros. En 2025, la gestión de cambios figura entre las cinco prácticas más utilizadas. Sin embargo, la corrupción del alcance sigue siendo frecuente. En 2024, el 31% de los encuestados indicó que sus proyectos experimentaban corrupción del alcance algunas veces, otro 31% casi siempre y el 12,1% siempre. En 2025, el patrón se mantiene: 37,3% algunas veces, 28,6% casi siempre y 11,1% siempre. La lección es clara: no basta con decir que se gestionan cambios; hay que disciplinarlos. Muchas organizaciones confunden la flexibilidad con la informalidad. Aceptan nuevas solicitudes sin evaluar el impacto, modifican entregables sin revisar el presupuesto y ajustan prioridades sin actualizar los compromisos. Las empresas que mejor ejecutan no bloquean todos los cambios, pero sí los hacen visibles. Cada cambio debe tener un impacto estimado en el alcance, el tiempo, el costo, el riesgo y el valor. Cada decisión debe quedar documentada. Cada responsable debe estar claro. Aquí el liderazgo del director de proyectos es fundamental. En Ecuador, muchos Project Managers lideran sin plena autoridad. En 2025, el 42,1% declara tener alta autoridad sobre los recursos, mientras que el resto opera con autoridad media, baja o incierta. Por eso, controlar los cambios no es solo un proceso técnico; también exige influencia, negociación, comunicación ejecutiva y capacidad para construir acuerdos. El quinto hábito consiste en desarrollar simultáneamente el liderazgo, la visión de negocio y las capacidades digitales. El informe 2025 muestra que el 99,2% de los encuestados considera importantes las habilidades de liderazgo, el 96,8% las de negocio, el 90,5% las técnicas y el 89,7% las digitales. Este dato confirma que el Project Manager ecuatoriano ya no puede limitarse a ser solo un administrador de cronogramas. Debe ser un articulador estratégico capaz de conectar personas, datos, decisiones y resultados. Este hábito es todavía más relevante si consideramos que el 46% de los profesionales encuestados en 2025 tiene menos de cinco años de experiencia. Ecuador está incorporando una nueva generación de talento al ecosistema de proyectos. Esa es una gran oportunidad, pero también una responsabilidad. Las empresas deben formar temprano en buenas prácticas, pensamiento estratégico, ética, comunicación, gestión de conflictos, IA aplicada y toma de decisiones basada en datos. En conclusión, las empresas ecuatorianas que mejor ejecutan sus proyectos no son necesariamente las que siguen una metodología de moda. Son las que han construido hábitos: miden el desempeño, gestionan riesgos, priorizan programas y portafolios, controlan los cambios y desarrollan líderes integrales. La segunda ola de profesionalización ya está en marcha, pero su consolidación dependerá de que estas prácticas dejen de ser esfuerzos aislados y se conviertan en una cultura organizacional. Ecuador no necesita únicamente más proyectos. Necesita mejores hábitos de ejecución. Porque los proyectos exitosos no dependen solo de una buena idea inicial; dependen de la disciplina diaria con la que una organización mide, decide, aprende y corrige. Fuente: basado en el Análisis de la Gestión de Proyectos en Ecuador – Volumen 2 y en su contraste con el Volumen 1. Puedes revisar ambos informes aquí: https://www.grupogonzalez.ec/Publicaciones Sobre la Autor PhD(c) José Luis González Rugel. | MAE, MBI, MIE, PMP®, PMI - RMP®, PMI - ACP®, PMI-PMOCP®, GPM-b®, SMC®, SPOC®, TPM® | Asesor, docente, investigador en dirección de proyectos. Contacto profesional: [email protected] Red Social: https://www.linkedin.com/in/josegonzalezproyectos/ English Version In Ecuador, the difference between a company that simply “does projects” and one that truly “executes projects with maturity” does not lie solely in the methodology it uses. Nor does it depend only on the size of the budget or the number of people assigned. The most important difference lies in its organizational habits: repeated, disciplined, and sustained practices that turn project management into a real execution capability. The Analysis of Project Management in Ecuador – Volume 2 shows that the country is entering a second wave of professionalization. The study sample increased from 58 professionals in 2024 to 126 participants in 2025, allowing a clearer view of the discipline’s evolution. This new stage is characterized by greater business interest, the growth of PMOs, the incorporation of young talent, more conversation around artificial intelligence, and a methodological transition in which predictive, agile, and hybrid approaches coexist. However, the data also show that maturity remains partial. In 2025, 71.4% of projects always or almost always achieve the objective for which they were created, but only 54.7% always or almost always finish within the estimated time, and 54% always or almost always finish within the initial budget. In addition, scope creep remains a critical signal: 37.3% indicate that it occurs sometimes, 28.6% almost always, and 11.1% always. This reveals an important reality: many organizations achieve results but still do not execute them with sufficient consistency, control, and discipline. Based on data from the 2024 and 2025 reports, five habits can be identified that distinguish Ecuadorian companies that execute their projects more effectively. The first habit is to measure performance systematically. In both reports, performance measurement appears as the most frequent practice in project management. In 2024, it ranked first, with a score of 2.4, above predictive approaches, change management, program management, and risk management. In 2025, it once again ranks first, with a score of 5.3; 25.4% of organizations use it always, and 50% use it sometimes. This finding is key because it confirms that companies with better execution potential are not necessarily those that plan the most, but those that observe, measure, and correct more effectively. Measurement makes it possible to detect early deviations, anticipate budget problems, identify resource overloads, and control real progress. But measuring does not mean filling out reports. It means turning data into decisions. A mature company does not only ask, “How much progress have we made?” It asks, “What decision must we make with this information?” The second habit is to manage risks before they become crises. In 2025, risk management appears as the third most frequent practice, with a score of 4.6; 15.1% use it always, and 56.3% use it sometimes. This data should be read together with one of the strongest conclusions of the report: 47.6% identify limited resources as the main cause of project failure in Ecuadorian companies. This means that many projects do not fail due to lack of effort, but because they are born with structural constraints: incomplete teams, insufficient budgets, limited capabilities, or poorly defined priorities. The company that executes best is not the one that has no risks; it is the one that recognizes them early and manages them with discipline. This requires living risk registers, defined owners, response plans, and timely executive conversations. If resources are limited, the risk must be escalated, prioritized, and negotiated from the beginning. The third habit is to manage programs and portfolios, not just isolated projects. In 2025, program management ranks second among project management practices, with a score of 4.7, while portfolio management ranks fourth, with 4.3. This trend reveals an important evolution: companies are beginning to understand that the problem is often not in an individual project but in how the organization prioritizes its initiatives. When a company does not manage portfolios, all projects seem important, compete for the same resources, and demand urgent attention. The result is saturation, delays, and loss of strategic focus. Companies that execute better have a different conversation: they not only review the progress of each project, but also ask whether that project remains a priority, whether it generates value, whether it has real resources, and whether it should continue, pause, or be redesigned. The growth of PMOs in Ecuador reinforces this trend. In 2024, only 34.5% of organizations reported having a project management office or department; in 2025, the figure rises to 50%. This evolution is positive, but the challenge is to prevent PMOs from becoming merely reporting offices. Their real value lies in connecting strategy, resources, risks, benefits, and decision-making. The fourth habit is to control changes through governance and clear roles. In 2025, change management ranks among the five most-used practices. However, scope creep remains frequent. In 2024, 31% of respondents indicated that their projects experienced scope creep sometimes, another 31% almost always, and 12.1% always. In 2025, the pattern continues: 37.3% sometimes, 28.6% almost always, and 11.1% always. The lesson is clear: it is not enough to say that changes are managed; they must be disciplined. Many organizations confuse flexibility with informality. They accept new requests without assessing impact, modify deliverables without reviewing the budget, and adjust priorities without updating commitments. Companies that execute best do not block every change, but they do make them visible. Every change must have an estimated impact on scope, time, cost, risk, and value. Every decision must be documented. Every responsible party must be clear. Here, the project manager's leadership is fundamental. In Ecuador, many Project Managers lead without full authority. In 2025, 42.1% report having high authority over resources, while the rest operate with medium, low, or uncertain authority. Therefore, controlling changes is not only a technical process; it also requires influence, negotiation, executive communication, and the ability to build agreements. The fifth habit is to develop leadership, business vision, and digital capabilities simultaneously. The 2025 report shows that 99.2% of respondents consider leadership skills important, 96.8% consider business skills, 90.5% consider technical skills, and 89.7% consider digital skills. This confirms that the Ecuadorian Project Manager can no longer be limited to being a schedule administrator. They must be a strategic connector capable of linking people, data, decisions, and results. This habit is even more relevant, given that 46% of the professionals surveyed in 2025 have less than 5 years of experience. Ecuador is incorporating a new generation of talent into the project ecosystem. This is a great opportunity, but also a responsibility. Companies must provide early training in good practices, strategic thinking, ethics, communication, conflict management, applied AI, and data-driven decision-making. In conclusion, Ecuadorian companies that execute their projects best are not necessarily those that follow a fashionable methodology. They are the ones that have built habits: they measure performance, manage risks, prioritize programs and portfolios, control changes, and develop well-rounded leaders. The second wave of professionalization is already underway, but its consolidation will depend on these practices no longer being isolated efforts and instead becoming part of the organizational culture. The companies need more than just projects. It needs better execution habits. Because successful projects do not depend only on a good initial idea, they depend on the daily discipline with which an organization measures, decides, learns, and corrects. Source: Based on the Analysis of Project Management in Ecuador – Volume 2, and its comparison with Volume 1. You can review both reports here: https://www.grupogonzalez.ec/Publicaciones About the Author PhD(c) José Luis González Rugel | MAE, MBI, MIE, PMP®, PMI-RMP®, PMI-ACP®, PMI-PMOCP®, GPM-b®, SMC®, SPOC®, TPM®. Advisor, professor, and researcher in project management Professional contact: [email protected] LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/josegonzalezproyectos/ |
Posted on: May 23, 2026 08:38 PM
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